La política no solo es el arte de gobernar, o la ciencia que se encarga del estudio del Estado como fenómeno social concreto; comporta además el raciocinio de gobernados y gobernantes en un juego dinámico, una rueda de interacción donde se alcance una adecuada convivencia entre los derechos y obligaciones de unos y la competencia, responsabilidad y ejecutorias adecuadas, oportunas, efectivas y eficientes de los otros.
El sistema administrativo venezolano, después de múltiples ensayos; muchas veces truncos en sus intenciones de lograr el “mayor nivel de felicidad posible de la ciudadanía”, ha concluido en la constitución de 1.999, en que la mejor forma de democracia no era el sistema representativo, sino un modelo participativo, en cuyo principal referente se impone un enfoque “federal, descentralizado, de igualdad y de justicia social””.
Desde el punto de vista filosófico y doctrinario, (usando una expresión popular), la propuesta es como el cochino frito: huele bien y sabe bien. En la práctica quienes preparan la “fritanga”, por desconocimiento, por impericia o por simple mala fe, pueden dejarla a media cocción con consecuencias nefastas para la salud del consumidor; en este caso para la paz, la armonía en el desarrollo necesario y sostenible de cada región, cada grupo social, étnico, profesional, productivo etc., en una nación de gran diversidad tanto en las costumbres como en los medios de producción en las que se sustentan.
No se puede negar la capacidad de adaptación del ser humano a los retos, en nuestros llanos se dice “el llanero es del tamaño del compromiso”; como estímulo al ego ello es válido; no obstante, el desempeño en la función administrativa no admite improvisaciones, aprendizajes sobre la marcha o ensayos de técnicas aplicadas en lugares diferentes, en condiciones diferentes, ambientes e idiosincrasia también variables de un estado o municipio a otro. Una práctica en la administración venezolana, desde el inicio mismo de nuestra era republicana es importación de amigos, subordinados fieles o simplemente aduladores “confiables” para ejercer la gerencia en Estados o poblaciones de cuya existencia solo tenían referencias, o de cuyo conocimiento solo les anteceden cuentos o leyendas.
En tiempos de la llamada “pacificación” de Juan Vicente Gómez, tal vez la referida práctica cumplió un objetivo plausible en la unificación territorial, el sosiego rural y la integración nacional que permitió dar pasos agigantados en la construcción del Estado moderno, con todo y sus fallas en una incipiente diversificación de la economía. Con el inicio de la primera democracia instituida por Medina Angarita, el ensayo fallido de 1.945 y la segunda democracia surgida con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, se justificó el envío de funcionarios a lugares inhóspitos, personal valioso en su momento para la construcción de acueductos, escuelas, hospitales y sobre todo para universalizar la alfabetización y la formación académica de apartadas regiones; labor a la que la historia debe un lugar indiscutible a Luis Beltrán Prieto Figueroa, Mario Briceño Iragorry, Arturo Uslar Pietri y tantos otros visionarios a quienes se debe la producción de profesionales proveniente de todos los niveles sociales y económicos de la nación, producto intelectual que nuestro país erigió como bandera visible ante el mundo con orgullo venezolano.
Hoy día con el avance de la tecnología, aún con las restricciones que puedan tener los servidores de servicios de comunicación, cada región de nuestra nación está en capacidad de gestionar sus sistemas de producción; sopesar sus necesidades y gerenciar sus recursos, con el fin último de garantizar a su estado, sus municipios y parroquias (como consagra nuestra constitución la división territorial), y cada uno de los ciudadanos un nivel adecuado de bienestar, una oportunidad de crecimiento personal y el empoderamiento de los recursos y técnicas existentes para un desarrollo sustentable y sostenible de sus lugares de asentamiento.
Uno de los grandes daños que se hizo a los estados con la imposición de operadores políticos foráneos (sin excepción de colores políticos), fue la destrucción de la incipiente descentralización iniciada en 1.989, con el regreso de competencias a los entes de administración central. Insistimos en que tal vez no hubo mala fe, sino desconocimiento, falta de confianza en su propio entorno político o simple adulación; han dejado desguarnecidas a la regiones, para luego tener que tender la mano como mendigos para solicitar recursos que son de las regiones, que son producidos por quienes generan con su trabajo los dineros con los que se sufragan los gastos a veces necesarios, otras no tanto.
Es hora que se vuelva a la institucionalidad, que el parlamento retome las competencias que le asigna la constitución, que la Ley anual de Presupuesto cumpla con las normas para creación de leyes, a la par que ejerza su misión contralora; y sobre todo que los parlamentarios de cada región cumplan el rol de defender los intereses genuinos de sus coterráneos.
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